Para frenar los efectos nefastos para el medio ambiente y la economía que provoca el uso de impresoras, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo generaron la Directiva 2002/96/CE y la 2002/95/CE que se traspusieron a la legislación española mediante el RD 208/2005, que entró en vigor el 13 de agosto de 2005.
Uno de los objetivos clave de esta legislación es: producir limpio - usar - reciclar, "reencarnar" las materias primas "ecoeficientemente", es decir, cumpliendo la ley en sus aspectos medioambientales, minimizando el impacto en la salud y el medio ambiente y logrando el mínimo coste económico en todas las etapas del proceso.
Se calcula que, con un tratamiento adecuado, se podría reaprovechar entre el 70% y el 90% de lo que se lanza, reusándolos cuando fuera posible o reciclándolos, pero no se hace por motivos económicos.
Mediante estas leyes, en el mercado español se ponen anualmente en circulación unas 25.000 toneladas de productos de ofimática (copiadoras, faxes, impresoras, ordenadores, ...)
En el RD se especifica que hay determinados componentes, sustancias y mezclas de estos aparatos eléctricos o electrónicos que deberan ser recogidos por medios selectivos. También se detalla ciertos materiales que quedan prohibidos como son el plomo, mercurio, cadmio y cromo.
Por último, la compra de impresoras tiene un canon que cada comprador deberá abonar que en este caso es de 2 €. En el caso que la ley del Canon Digital sea aprobada, habrá que abonar 15€ por cada impresora que se compre.
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